Sobre la pena de muerte en México

Por: Rubén González

Por increíble que parezca, la pena de muerte en México fue eliminada totalmente de los textos legales hasta 2005 en el gobierno de Vicente Fox. Sin entrar en muchos detalles, en este año desapareció el último vestigio constitucional que contenía la pena capital, debido principalmente a política y presión internacional en materia de Derechos Humanos, principalmente de las Naciones Unidas y la Organización de los Estados Americanos.

También derivado de la presión política internacional, adminiculado con esfuerzos sociales, académicos y jurídicos, en el año 2011 en México hubo una reforma constitucional en materia de Derechos Humanos que generó un cambio esencial en la forma de impartir justicia y de gobernar en el país.

Hubo muchos cambios derivados de la reforma mencionada, pero el que nos ocupa en este momento es el del artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que en el mismo quedó establecido como base que todas las personas gozarán de los Derechos Humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.

De la misma manera, en ese mismo precepto constitucional se plasmó como obligación del Estado promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

En ese orden, tiene particular importancia establecer que el principio de progresividad en materia de Derechos Humanos básicamente consiste en que hay una obligación del Estado Mexicano de generar siempre una mayor y mejor protección y garantía de los Derechos Humanos, de tal forma, que en todo momento estén en constante evolución y bajo ninguna justificación en retroceso.

Ahora, es importante prestar atención al derecho humano a la vida, contemplado en el artículo 4 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, tratado de aplicación obligatoria para México conforme a lo señalado en el mencionado artículo 1 constitucional. Pues México.

Por lo tanto, si el gobierno mexicano tiene la obligación de respetar el derecho humano a la vida y el principio de progresividad, ante un sencillo ejercicio de lógica, en nuestro país es muy difícil, por no decir imposible, que se apruebe la pena de muerte.

Debido a que la misma no existe desde 2005, y el hecho de implementarla sería una evidente regresión en cuanto al derecho humano a la vida se refiere, pues la pena capital ya se encuentra prohibida en el país. Implementarla atentaría, por el simple hecho de estar en un instrumento jurídico, contra el derecho humano a la vida de todas las personas que se encuentren en México.

De esta manera, también el Estado Mexicano incumpliría con sus compromisos adquiridos a nivel internacional con la UNO y la OEA en materia de Derechos Humanos. Aunado a que cualquier implementación que emanara del poder legislativo, inmediatamente sería frenada por el poder judicial por las razones expuestas.

Ahora bien, ¿por qué en Estados Unidos sí se puede aplicar pena capital si también este país pertenece a la OEA y ha firmado tratados internacionales en Derechos Humanos? La respuesta es sencilla, sin entrar en michos detalles, en materia de tratados internacionales hay dos momentos importantes, el primero es la firma del tratado y el segundo es su ratificación.

Siendo la ratificación la que obliga al país a cumplir con el contenido del tratado. En ese sentido, Estados Unidos firma tratados en materia de Derechos Humanos, pero no los ratifica.

Particularmente la Convención Americana sobre los Derechos Humanos que fue citada, el país norteamericano la firmó desde 1977, pero a la fecha sigue sin ratificarla, es decir, sigue sin estar obligado a respetar lo que ahí se estableció. Es por eso que se permite tener pena de muerte en dicho país, entre otras razones políticas, jurídicas y sociales, claro está.

Para finalizar, a pesar de que la frustración social lleve a las personas en México a pensar que la pena de capital sería el castigo indicado para ciertos delitos, la realidad es que resulta superlativamente complicado que se llegue a implementar en nuestro país la pena de muerte.